En lo que llevamos de verano de 2025 se han producido 9 muertes provocadas por golpes de calor, más del doble de la cifra más alta de estos últimos años: 4 muertes en el año 2023. La última víctima, un temporero vecino de Lleida llamado Gheorghe, se encontraba trabajando en el campo a más de 40 grados de temperatura. Además, dado la infradeclaración de estas muertes, se sospecha que otros dos trabajadores han podido perder su vida este verano por golpes de calor. A nivel europeo, según la Confederación Europea de Sindicatos, las muertes relacionadas con el calor han aumentado un 42% en 2025.
Los medios de comunicación de la burguesía afirmarán que estas «muertes» han sido provocadas por las olas de calor, cada vez más frecuentes debidos al cambio climático. Pero nada más lejos de la realidad, el verdadero autor de estos asesinatos es nada más y nada menos que la clase capitalista que, en su empeño de extraer el máximo valor posible del trabajo de sus plantillas las obliga a trabajar a altas temperaturas, aun sabiendo los riesgos que supone y por lo barato que les sale cualquier muerte.
A raíz del asesinato patronal de un trabajador en Córdoba a finales de junio y en un contexto de creciente preocupación por esta injusticia, la ministra de Sanidad Mónica García animó a denunciar a Inspección de Trabajo el incumplimiento de la leyes destinadas a proteger la salud de las personas trabajadoras. Y sí, tiene razón de que, en teoría, las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a que se adapte o interrumpa la jornada de trabajo cuando la AEMET declare una situación de temperaturas extremas, a que se realice una evaluación de riesgos con relación a las altas temperaturas y a disponer de agua fresca y ropa adecuada para protegerse del calor. Pero en la práctica, las trabajadoras y trabajadores no realizan estas denuncias por miedo de perder sus puestos de trabajo. E incluso en los casos en los que ya se realizaron avisos previos sobre la falta de medidas tomadas por parte de la empresa, como ocurrió con Montse una trabajadora de la limpieza de Barcelona, no se inició una investigación hasta que ella murió. No obstante, pese a la inacción de las instituciones burguesas, para demostrar de nuevo la magnitud de esta injusticia podemos enumerar el número de denuncias realizadas por dos sindicatos: decenas por parte de CGT en Barcelona, Valencia y Málaga y más de cincuenta por parte de CCOO solamente en Córdoba.
Ahora más que nunca desde la JCPE sabemos que la única alternativa es la organización de la clase trabajadora para luchar por sus derechos y contra una patronal asesina que ahorra cuanto puede en la salud de su mano de obra para exprimirla hasta su última gota de sangre.