Mientras gobiernos y medios intentan presentar la huelga docente como un conflicto salarial o corporativo, tratando de enfrentar a la sociedad contra el profesorado, la realidad es mucho más profunda: las reivindicaciones de los docentes son una defensa directa del derecho de la clase trabajadora a una educación pública digna, crítica y de calidad.
Cada aula masificada, cada docente agotado, cada orientador que atiende a cientos de estudiantes o cada interino condenado a la precariedad tiene consecuencias inmediatas sobre el aprendizaje y las condiciones de vida del estudiantado. Cuando el profesorado exige mejores condiciones laborales, está señalando también el deterioro planificado de la educación pública.
La falta de inversión educativa no es un accidente. Es una decisión política. Durante años, los distintos gobiernos han impulsado recortes, privatizaciones encubiertas y modelos educativos cada vez más subordinados a las necesidades del mercado. El resultado es un sistema saturado, desigual y cada vez menos capaz de garantizar una educación emancipadora para las hijas e hijos de la clase trabajadora.
Reducir ratios es una condición fundamental para que el alumnado pueda recibir una atención real y personalizada. Del mismo modo, aumentar las plantillas con orientadores, psicólogos, personal socioeducativo especializado en atención a la diversidad y mediadores es la vía para que los centros educativos puedan atender las distintas necesidades del alumnado, combatir el abandono escolar y garantizar apoyos educativos y psicológicos sin que toda la carga recaiga sobre un único profesional.
Estabilizar al profesorado significa acabar con la incertidumbre permanente que afecta tanto a docentes como a estudiantes. Frenar la burocratización implica devolver tiempo a la enseñanza y no al papeleo inútil impuesto desde despachos alejados de la realidad de los centros.
Defender las condiciones del profesorado es defender las condiciones de aprendizaje del alumnado.
Frente al discurso individualista que convierte la educación en una competición, la huelga docente recuerda una verdad fundamental: la educación pública es un derecho social y una conquista de la clase trabajadora, no un negocio. Por eso quienes atacan las movilizaciones son los mismos que impulsan conciertos educativos, recortes presupuestarios y modelos elitistas que segregan por clase.
Desde la Juventud Comunista de los Pueblos de España (JCPE) mostramos nuestro apoyo a la huelga y a todas las movilizaciones en defensa de la educación pública. Porque entendemos que la lucha por una enseñanza digna forma parte de una lucha más amplia contra la precarización de nuestras vidas y contra un sistema que convierte derechos básicos en mercancías.
El futuro de la juventud de extracción obrera y popular no puede construirse sobre aulas masificadas, docentes exhaustos y centros abandonados. La educación pública necesita recursos, estabilidad y compromiso político real. Y eso solo se conseguirá mediante la organización y la lucha colectiva.
La huelga docente no va contra el estudiantado. Va contra el deterioro de la educación pública. Y por eso también es nuestra lucha.