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Los jóvenes de Altasasu, 1000 días en prisión

El pasado 10 de Agosto cumplían 1000 días de detención los compañeros Jokin, Adur, Aratz, Julen, Jon, Iñaki, Ohian y Ainara en Altsasu a raíz de una pelea de bar con unos Guardia Civiles de paisano, por la que fueron condenados por la Audiencia Nacional (tanto en primera instancia como en apelación) por delitos de lesiones, atentado contra la autoridad y desórdenes públicos a penas desde 6 a 13 años. Desde la Juventud Comunista de los Pueblos de España queremos señalar que:

  • Es absurdo la prisión preventiva a la que han sido sometidos estos jóvenes sin haber sido juzgados. Desde el punto de vista del derecho penal burgués no se dan los presupuestos para la prisión preventiva que son: la posible destrucción de pruebas, el riesgo de fuga o la repetición del delito. Por tanto, estamos viendo como un mecanismo en teoría de excepción como la prisión preventiva se usa sistemáticamente cuando se trata de ir a por el “enemigo”.
  • Es inconcebible a su vez que una pelea de bar con unos Guardias Civiles que no están en ese momento en activo entre dentro de los tipos de atentado contra la autoridad.
  • Aun es más inconcebible la posición de un órgano del estado como es Fiscalía (que en última instancia depende del Gobierno) pida cargos tan desproporcionados como terrorismo. La Sentencia habla de que el Ministerio Fiscal entiende que los actos “se cometieron de una manera organizada al estar integrados los acusados, o al menos algunos de ellos, en la dinámica de la izquierda abertzale radical, liderada por el entramado de la organización terrorista ETA”. Sorprende como señalamos posteriormente que una organización disuelta desde hace años como ETA lidere algún entramado y sorprende aún más que un Ministerio Fiscal que depende un gobierno socialista que tanto se ha jactado de haber derrotado a ETA, siga manteniendo la existencia de esta cuando se trata de aumentar penas. A parte de esto, los cargos de terrorismo son importantes para que quién tenga que juzgar no sea la Audiencia Provincial de Navarra, sino la Audiencia Nacional.
  • El aumento de la represión es tal que las propias instituciones burguesas no respetan ni las formalidades más básicas de su propia legalidad burguesa. Esto no es nuevo, pues ya hemos visto durante 40 años de “democracia” como ha articulado el estado español la lucha contra el movimiento popular vasco, llegando a usar el terrorismo de estado. En aquel momento la excusa era ETA, a día de hoy con ETA disuelta y sin acciones desde hace prácticamente una década les vale lo que sea, hasta una pelea de bar, si los participantes son abertzales. El que un presunto delito de lesiones se transforme de golpe y porrazo en atentado a la autoridad y desorden público sólo por la ideología de los autores nos da una clara imagen de lo que significa la legalidad para la clase dominante.
  • Queremos señalar también como los elementos más reaccionarios y españolistas de la clase dominante han aprovechado la situación para criminalizar un pueblo entero, simplemente por ser un pueblo combativo y fuertemente politizado que desde el día uno se ha volcado por la libertad de estos jóvenes. Comentar también que uno de los motivos para ir contra estos jóvenes fue el hecho de que algunos participasen en movimientos populares de la localidad que luchan contra la fuerte presencia de la Guardia Civil y la Policia Nacional en una localidad que para nada destaca por sus tasas de criminalidad.
  • Es tarea de las fuerzas del campo obrero y popular y sobretodo del movimiento juvenil revolucionario denunciar esta situación en todo el estado, hoy son los compañeros de Altsasu, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros. El capital no entiende de siglas y cualquiera que a día de hoy cuestione el statu quo desde posiciones revolucionarias es un posible objetivo. Por nuestra parte tendemos la mano a todas las organizaciones que luchen por denunciar este y otros casos de represión política en el estado. Por encima de las diferencias debemos entender que si tocan a uno nos tocan a todos.
  • Por último, debemos tener claro que no se puede albergar ninguna confianza en la neutralidad de las instituciones de la justicia burguesa. Podríamos quedarnos en la superficie de que una de las juezas del tribunal sea la ultraconservadora Concepción Espejel quién en el caso Bar Chinaski (agresión a navajazos de un falangista a un joven de izquierdas) solo vió delito de lesiones condenando a dos irrisorios años de prisión y que a su vez ha estado relacionada con el Partido Popular. Por otro lado, nos encontramos que uno de los jueces que juzgaron en apelación es Eloy Velasco quien ya fue polémico por el concepto de “intimidación ambiental” para justificar el imputar a 20 jóvenes durante las protestas del Parlament del 2011, que a su vez fue el mismo que fue Director General de Justicia durante los gobiernos de Camps y Zaplana en el País Valenciano. Pero esto no es puntual, como estamos señalando todo el comunicado con algunas comparativas de casos, estas instituciones no son neutrales, menos el tribunal que enjuició el caso al pedirse cargos por terrorismo. La Audiencia Nacional nace en 1978 un día después de la disolución del antiguo Tribunal de Orden Público (antes Tribunal de Orden Público para la represión del Comunismo y la Masonería) y es heredera directa de este, es decir de una de las principales instituciones de persecución política que tuvo el franquismo. La separación de poderes es una farsa, el único poder que existe es el de la clase dominante y se manifiesta en todos los ámbitos de la sociedad. Siendo así, no podemos confiar todo a la batalla legal, sino que es más importante que nunca la presión popular y proseguir con la denuncia de todas estas vulneraciones sistemáticas a esos derechos humanos y civiles de los que se jacta nuestro estado, pero que es el primero en reprimir cuando amenazan mínimamente su status quo.

Por todo ello, mostramos nuestra total solidaridad con Jokin, Adur, Aratz, Julen, Jon, Iñaki, Ohian y Ainara, al igual que nuestro total apoyo a todos sus familiares los cuales están llevando a cabo una lucha ejemplar por la libertad de estos jóvenes.

Sobre la JCPE

La Juventud Comunista de los Pueblos de España (JCPE) es la organización de las y los jóvenes de la clase obrera del estado español. Luchamos por la nueva sociedad socialista y la solidaridad entre los pueblos.

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