Solidaridad con las personas reprimidas en el desahucio del Astillero
Comunicado de la JCPE en Cantabria sobre la represión ante la lucha por la vivienda digna
El pasado 16 de julio del año pasado varios militantes y simpatizantes de la JCPE nos desplazamos a Astillero (Cantabria) para acudir a la convocatoria de colectivos de la vivienda en apoyo a una familia, con menores a cargo, que iba a ser desahuciada.
Aquel día llegamos a primera hora de la mañana al lugar, donde nos encontramos un dispositivo policial similar a los que podemos ver en un atentado, portando incluso metralletas, rodeando por completo el portal. La tensión se palpaba en el ambiente, estando entre ellos y nosotros un vallado de metal (puesto de forma ilegal, sin previa notificación) que nos impedía acceder al portal para impedir el desalojo. Tras varios minutos, a la llegada del cerrajero se le impide el paso mediante un cordón humano, al que la Guardia Civil responde sin mediar palabra usando la violencia, en ese momento un militante de la JCPE fue arrastrado dentro del portal para ser insultado y golpeado. Él relata así lo sucedido:
“Cuando llega el cerrajero se forma un muro humano totalmente pacífico, tratando de evitar su entrada, el cual es sofocado bruscamente y a porrazos por los agentes, es en ese momento cuando yo trato de echar una de las vallas hacia atrás, cuando, de repente, tengo a tres guardias civiles encima que me arrastran hasta la oscuridad del portal donde, con total impunidad, me abofetean, reducen y apalean, todo ello junto a una ristra de insultos e improperios, tales como maricón de mierda o ahora aprenderás lo que es la autoridad.
Tras veinte largos minutos en los que me tuvieron entre reducido en el suelo y de espaldas a la pared, me permitieron salir. De inmediato fui a realizar parte de lesiones y la denuncia correspondiente a los guardias civiles, comenzando así el proceso en el que nos vemos encausados mi compañero y yo.
Han pasado los meses, y hasta ahora sabemos que han archivado las denuncias puestas tanto por mí como por un compañero también agredido aquel día, que ellos han podido declarar desde la comodidad de un escrito (nosotros fuimos citados como todo hijo de vecino), que las multas que han cargado sobre aquellos que pudieron identificar aquel día suman casi 5000 € y que B. y yo nos estamos enfrentando a una acusación por atentado a la autoridad. Todo esto en el marco de que quienes estábamos allí aquel día tan solo queríamos que una familia con dos niños no fuese expulsada de su hogar.”
La Guardia Civil ha comenzado un proceso judicial contra el militante de la juventud y a otro compañero más. Ambos se enfrentan a unas acusaciones que podrían acabar entrando en prisión. Juicio resultado de un montaje policial, con declaraciones se basan en directamente en mentiras y tergiversación de la realidad. Donde ni siquiera han buscado adaptar su versión a los videos que se publicaron en las RRSS. Después ese mismo día varias personas fueron identificadas, de forma aleatoria. Alguna incluso mucho antes de haber sucedido nada. De las cuatro personas que fueron identificadas, cada una se enfrenta a dos multas, que suman 1.200 € (en total cerca de 5.000 €, ya que puede haber alguna persona más sancionada). Con algunas acusaciones idénticas, en las que no ha importado como actuó cada uno. Simplemente se tenían los datos de tantas personas, pues a tantas personas imponen sanciones. Nuevamente estas multas se basan en la manipulación de la realidad. Ya que la propia acta judicial desmiente la versión que ofrece la Guardia Civil.
La situación que vivimos aquel día y toda la represión posterior no es más que otro ejemplo de lo que está sucediendo a diario en todos nuestros barrios. Las fuerzas represoras del estado están viendo crecer su poder ante unos tiempos de letal crisis a gran escala. Recordemos que el capital es el que manda en estos momentos, y este siempre se ha valido de la buena cara que ofrecen estos supuestos gobiernos “progresistas”, en los que la lucha contra la represión parece ser una de las banderas de su discurso, pero luego vemos en la praxis que esto no hace más que empeorar. Con esto buscan desmovilizar y criminalizar el movimiento en defensa de la vivienda digna. No es casualidad que las personas reprimidas sean todas jóvenes, ya que quieren crear temor y así acabar con la solidaridad.
La lucha por una vivienda digna sufre una gran ofensiva utilizando los medios de comunicación para crear una alerta social sobre la ocupación. Una gran cortina de humo sin base real para enfrentar a clase obrera contra sí misma, en vez de contra los especuladores, fondos buitre y bancos que desahucian a diario. En 2020, a pesar del estado de alarma y todos los decretos que decían que pararían los desahucios, hubo unos 29.400 desahucios, de los cuales unos 460 en Cantabria. Mientras tanto en el mismo periodo hubo diez veces menos de ocupaciones unas 2.880 en todo el estado y 32 en Cantabria. Datos del poder judicial.
Los decretos aprobados son un mero parche, para intentar paliar una grave situación. Pero solo están sirviendo para evitar que las grandes fortunas dejen de ingresar, si tú no puedes pagar las cláusulas abusivas, el estado lo pagara usando el dinero público. En vez de regular este mercado, expropiar y crear vivienda pública. La socialdemocracia sigue legislando a favor de los especuladores.
Desde el PCPE y la JCPE mostramos todo nuestra solidaridad hacia todas las personas reprimidas en defensa de una vivienda digna. Así como la retirada de todos los cargos y sanciones como resultado del montaje policial en Astillero. Por último llamamos a apoyar a la plataforma surgida como resultado de este caso y a continuar luchando por una vivienda digna para el pueblo trabajador.
JCPE Cantabria