Tras 8 años desde Preguntar No Es Delito deciden denunciar aquellos que prepararon el montaje policial.
Comienzo del caso. El escrache en la Universidad de Cantabria.
Hace ahora casi 8 años, en febrero de 2014, se realizó en la Universidad de Cantabria una protesta en forma de “escrache” contra el entonces Presidente de Cantabria, el señor Ignacio Diego (PP). Este había acudido a la universidad a un acto tipo “Tengo una pregunta para usted”, invitado por el Consejo de Estudiantes. Cabe recordar aquí que dicha protesta se efectúa al calor de las múltiples protestas, manifestaciones, huelgas, parones y demás elementos de lucha que se daban en aquel entonces como reacción a las medidas de privatización, recortes y mercantilización en el ámbito educativo, y también en otros como la salud o el trabajo, con la precarización y la reforma laboral del 2012.
La protesta de aquel día no hubiese tenido mayor relevancia, pues fue una más y ni mucho menos la más combativa de aquella época, si no fuese por las tremendas repercusiones que tuvo para varias de las personas participantes. Para hacernos una idea de lo que pasó, durante el acto había personas que querían participar y realizar preguntas incómodas para el presidente, y la seguridad privada de la universidad impedía la entrada al acto de estas personas mediante un sesgo de vestimenta. A la finalización del acto, varios estudiantes esperamos al presidente a la salida portando una pancarta con el lema “Universidad Pública, Nada para la Privada” y gritando consignas de la misma índole. La salida del edificio transcurre con dos escoltas de la Policía Nacional agrediendo gratuitamente a dos de los congregados y manteniendo una actitud muy violenta en todo momento. Finalmente, el presidente se va en su coche oficial y los dos escoltas se quedan acaparando nuestras protestas por las agresiones que han realizado, pero sin que llegase a más. En aquella protesta había gente de diversos colectivos, entre ellos varios camaradas del Partido Comunista de los Pueblos de España, como el que escribe estas líneas.
Proceso judicial y montaje policial.
Días después de estos hechos nos enteramos por prensa de que se iban a iniciar actuaciones judiciales contra varias de las personas que habían participado en la protesta, ya que la policía nos había denunciado en el juzgado. Y aquí es donde empieza realmente la historia que queremos contaros.
Fuimos 9 imputados al principio, personas de distintos colectivos y de reconocido activismo y militancia política en la realidad de Cantabria. Había personas del PCPE, CNT, Podemos, Cantabria No Se Vende, Estudiantes por la Defensa de la Universidad Pública (EDUP) y el Centro Social Ítaca.
La versión policial que se trascribía en la denuncia cuando nos llega la notificación del juzgado es de película, de película de ficción. Según la versión policial, los nueve imputados formábamos un grupo organizado cuyo objetivo en todo momento fue el de agredir al Presidente de Cantabria, y teníamos un plan perfectamente organizado y premeditado para lograrlo. Únicamente su heroica intervención había conseguido que la autoridad abandonase el acto sin ninguna lesión. Tal cual. De película.
Al día siguiente, en el pleno del Parlamento de Cantabria se pidió que se condenase nuestra actuación a todos los partidos políticos que lo integraban, saliendo esta petición de condena en prensa. Nos acusaban de insultos, coacciones, agresiones, daños a los vehículos y atentado agravado. Poniendo un ejemplo, según declaración ante el juez, el jefe de gabinete del presidente, un tal Arsenio de la Vega, le dijo a su chofer: “Roberto, tira que nos matan”, mientras agarraba la puerta del coche desde dentro, ya que “alguien” intentaba abrirla para agredirle. Todo falso, por supuesto. Y con esto empieza el proceso judicial, que se divide en dos fases, véase, la fase de instrucción, en la cual el juez dirime los cargos con los que se te envía a juicio en función de las pruebas aportadas por la acusación, el Ministerio Fiscal y la defensa, y luego el juicio en sí, que lo realiza otro juez distinto al de la instrucción.
Volviendo a nosotros, a los 9 imputados, todo aquello nos pilla con gran sorpresa e incredulidad. Simplemente costaba creérselo. Se nos acusaba de los delitos de coacciones (6 meses a 3 años de prisión), desórdenes públicos (6 meses a 3 años de prisión) y atentado agravado (1 a 6 años de prisión), además de faltas de injurias y amenazas. En total, la suma de las penas de cárcel llegaba a los 42 años para los 6 imputados que quedamos, ya que a 3 “solo” les pedían por faltas, no por delitos. Pero, por otro lado, tuvimos suerte. Yo personalmente tuve mucha suerte de contar a mi lado con estos compañeros y compañeras. Tanto a nivel organizativo como a nivel personal. Inmediatamente, formamos la asamblea “PreguntarNoEsDelito”, nombre con el que dimos a conocer nuestro caso a los medios y a la sociedad en general. La asamblea estaba formada por los imputados y también incorporaba a personas cercanas comprometidas con nosotros. A los pocos días de recibir las notificaciones de la apertura de diligencias judiciales organizamos una rueda de prensa en la Universidad de Cantabria, a la que vinieron muchos familiares, camaradas, amigos, profesores y demás personas que se solidarizaron con nuestro caso.
Quiero destacar en este punto el importantísimo papel que jugó para mí el Partido, y el compromiso de los camaradas comunistas durante todo el proceso a todos los niveles, tanto afectivo como organizativo y económico, que fue realmente encomiable. Valoro en este punto muy positivamente la militancia como soporte ante las agresiones y la represión que podemos sufrir. El tener una estructura organizativa funcional como el PCPE de Cantabria, el ser consciente colectivamente de qué es lo que está pasando, enfrentarlo arropado, ayuda y facilita mucho también de cara al trabajo en la asamblea de PeguntarNoEsDelito con el resto de compañeros imputados. Y este trabajo en la asamblea dio sus frutos. Recibimos una ola desbordante de solidaridad por parte de la sociedad cántabra. Hicimos un trabajo constante de visibilización del caso en todos los medios, radio, prensa, televisión, redes sociales.
Aun así, emocionalmente para nosotros fue una época dura. El juez de instrucción compró la versión policial al completo, desechó nuestras declaraciones y la de periodistas que declararon a nuestro favor, y nos tuvo dos años esperando con la espada de Damocles sobre nuestras cabezas, pensando que podíamos entrar a prisión por un montaje policial, con complicidad jurídica y política. Las familias lo pasan muy mal, sobre todo si no están muy politizadas. Aparte, es difícil explicar que te piden años de cárcel y que tú eres inocente, que es un montaje, no todo el mundo es capaz de creer que existen los montajes policiales tan burdos y descabellados. La realidad era que estábamos a merced de la policía, era su palabra contra la nuestra, y estábamos jodidos.
Absolución y final del juicio.
Hasta que ocurrió un hecho inesperado, la prueba que hizo que nos absolvieran de todos los cargos y quedásemos en libertad. Un vídeo. Sí, un vídeo que contenía desde una vista panorámica toda la secuencia de acontecimientos que ocurrió ese día. Un vídeo que había sido grabado por una chica, requisado por un policía de paisano el mismo día del acto, ocultado por la policía ante la solicitud judicial a la misma de la entrega de todas las pruebas que tuviesen en su poder sobre lo que ocurrió ese día, y depositado en el juzgado un año y medio después por un policía anónimo días antes de la declaración ante el juez del ya expresidente Ignacio Diego. De película. Tal cual. Aun así, el juez de instrucción nos mandó a juicio, principalmente por delito de coacciones y daños materiales a los vehículos basados en facturas y pruebas periciales falsificadas. Aquel vídeo nos salvó, y en resumidas cuentas la jueza que nos juzgó tuvo que absolvernos. Por cierto, el día del juicio hubo huelga educativa apoyada por sindicatos de trabajadores y de estudiantes, y en la puerta del juzgado más de 300 personas.
En fin, para no alargarlo más, se trató de un montaje terrible por parte de la policía con connivencia política y judicial. Quiero dejar claro que los montajes existen, y esta es una prueba objetiva de ello.
Nosotros pasamos esos años arropados por mucha gente, y muy arropados entre nosotros. Constituir la asamblea de PreguntarNoEsDelito fue un cauce que se abrió sobre el que recibir los apoyos y trasladar nuestro mensaje. Nuestra unión nos dio la fuerza.
Preguntar No Es Delito pasa al contraataque.
Ahora hemos puesto denuncia ante el juez por falso testimonio, falsedad documental y agresión, contra los policías que nos denunciaron y contra las empresas de renting de los vehículos que presentaron facturas falsas. Estos hechos evidencian que la presunción de veracidad de la policía no puede ser absoluta, algo evidente, por otra, parte más allá de estos hechos concretos. Demuestra la importancia de grabar las actuaciones policiales, siempre que se pueda, como medida de protección precisamente ante su falta de veracidad, ya que nuestra palabra no vale nada.
Los comunistas siempre decimos aquello de que la verdad siempre es revolucionaria, y este tipo de montajes y de leyes, que hacen al final para conservar sus privilegios, lo hace aún más evidente.
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